⠀⠀⠀⠀⠀Antes de entrar sobre el fondo del asunto, cabe remarcar que la pregunta planteada tiene su razón de ser en el posible carácter excesivo de los honorarios del abogado del acreedor que insta el concurso o del abogado que representa al concursado; habiendo para su cuantificación una serie de criterios que, dependiendo del Ilustre Colegio, tienen su punto de partida bien en «el crédito del concreto acreedor solicitante para el que se actúa», bien en «la masa pasiva del concurso» (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15º) 338/2012, de 17 de octubre. FJ. 21º).

⠀⠀⠀⠀⠀Asimismo, señalar que si bien los honorarios del administrador concursal vienen determinados por unos aranceles, véase a este respecto el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales– y más concretamente su capítulo II-; no sucede así con los honorarios del anterior, en tanto que «el letrado de la concursada es un profesional libre cuyos honorarios no están sometidos a arancel» (Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 5º) 509/2011, de 5 de diciembre. FJ. 3º. Párr.4º).

⠀⠀⠀⠀⠀Recordemos, además, tal y como se introducía en el título, que nos estamos refiriendo a créditos contra la masa, esto es, y en palabras del profesor BROSETA, «no son créditos concursales ni en el concurso, son créditos cuyo deudor es el propio concurso, la masa activa del mismo y generalmente son los que surgen con posterioridad a la declaración del concurso», y que vienen enumerados en el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley Concursal (en adelante TRLC); o, en otros términos, y en la misma línea de la definición citada, créditos prededucibles.  En suma, se trata de créditos que gozan de preferencia en el orden de prelación de pago, si bien:

«No cualquier crédito de un letrado cuyos servicios deban ser retribuidos con cargo a la masa merece ser considerado pre-deducible respecto del pago de los restantes créditos contra la masa, sino únicamente aquellos que, siendo su cuantía razonable y proporcionada, se correspondan a servicios estrictamente necesarios (imprescindibles) para la obtención del activo destinado a satisfacer los créditos contra la masa» (Sentencia del Tribunal Supremo (Sala primera, de lo Civil) 226/2017, de 6 de abril. FJ. 3º. Párr.3º).

⠀⠀⠀⠀⠀Sin embargo, no pensemos que se trata de jurisprudencia novedosa, pues, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala primera, de lo Civil) 393/2014, de 18 de julio ya trae a colación la proporcionalidad y, además, en su fundamento de derecho séptimo, ofrece una diferenciación de los honorarios de los letrados en dos momentos distintos, tomando como punto de partida la declaración de concurso, esto es, antes («los correspondientes a la preparación y presentación de la solicitud de concurso»), y después («se corresponden con servicios posteriores»); concluyendo que sólo los posteriores pueden tener el carácter de créditos contra la masa y que para la reclamación de los primeros la vía correcta es la acción rescisoria concursal.

⠀⠀⠀⠀⠀Una vez clarificado lo anterior, y entrando en materia, del tenor literal del artículo 247 TRLSC –que dice así: «las acciones relativas al reconocimiento o a la falta de reconocimiento por parte de la administración concursal de los créditos contra la masa, cualquiera que sea el momento en que se hubieran generado, y las de reclamación del pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal»-,y de la jurisprudencia que se expondrá ad exemplum, se extrae que sí es posible que la Administración lleve a cabo la aminoración de un crédito sobre la masa, porque «incide directamente en la disminución de las expectativas de completa satisfacción de los acreedores, que es el fin último del concurso» (Sentencia del Tribunal Supremo (Sala primera, de lo Civil) 393/2014, de 18 de julio). Eso sí, como también afirma el precepto citado, no pudiéndolo hacer de manera libre, sino de manera motivada y bajo el paraguas de un trámite concreto, esto es, el incidente concursal, regulado en los artículos 532 y siguientes del TRLC.

⠀⠀⠀⠀⠀Hemos de tener en mente que cuando se contrata a un abogado, se fija su minuta en un contrato, no obstante, en materia concursal «ese pacto únicamente puede vincular a la propia parte que ha hecho la elección del letrado y ha alcanzado el pacto» (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15º) 338/2012, de 17 de octubre. FJ. 19º) y, siendo más precisos, «los honorarios de los letrados no pueden considerarse en un concurso de acreedores como una mera relación inter partes, pues afectan de manera muy importante a terceros, que son los acreedores del concurso» (Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5º) 125/2012, de 23 de febrero. FJ.6º. Párr.4º). Así pues, se puede dar una moderación de la cuantía fijada por parte de esos terceros, atendiendo a la equidad, que recordemos, se trata de un criterio de interpretación de la ley, y a la labor que ha realizado dicho letrado, siendo muy gráficas las causas para la reducción de los honorarios que se enumeran en la Sentencia del Juzgado Mercantil de Zaragoza 86/2016, de 30 de marzo. FJ. 1º. Párrs.7-11º, a saber:

1) La situación económica del obligado al pago debe entenderse como precaria y prueba de ello es su declaración en concurso, por lo que resulta irrelevante el pasivo como elemento a tener en cuenta para cuantificar los honorarios.

2) Se trata de una demanda ciertamente sencilla, de apenas nueve páginas en las que la mayoría se destinan a reflejar el historial de la concursada e incluyen fundamentos jurídicos muy habituales, de mera transposición del texto legal.

3) No consta la realización de estudio contable alguno para la preparación de la demanda que revele una situación de especial complejidad […]. La memoria presentada […] es una reiteración del historial de la sociedad sin que se aprecie un análisis pormenorizado de la situación económica.

4) Si bien es cierto que se han realizado actuaciones por el demandante en el seno del concurso tras la presentación del mismo debe indicarse que las más significativas han sido en contra de las resoluciones adoptadas y por lo tanto, en contra del interés de la masa […].

⠀⠀⠀⠀⠀Para hilar de nuevo con la pregunta y finalizar mi entrada, citaré el siguiente extracto, que, a mi juicio, recoge la esencia de lo que se nos plantea: «los órganos que deben llevar a cabo ese juicio de equidad son los órganos del concurso a quienes corresponde velar por los intereses de la masa: la administración concursal, en primera instancia, y el juez del concurso en el caso de no aceptarse el criterio de la primera» (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15º) 338/2012, de 17 de octubre de 2012. FJ. 19º).

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SOBRE EL AUTOR

Gabriel Luján Matos es estudiante del Grado en Derecho en la Universitat de València. Está interesado en el Derecho de las Nuevas Tecnologías y el Derecho de Empresa.

Además, tiene como aspiraciones la asesoría jurídica y la abogacía.

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