Podría ser tanto una pregunta retórica como una pregunta literal.

El colectivo de personas con discapacidades/diversidad funcional, ya sean congénitas o adquiridas, es uno de los más amplios, pero también de los más invisibilizados a nivel de operatividad social. Y lo que es aún peor, estamos escondidos a plena vista.

A pesar de estar inmersos en plena vorágine científica, tecnológica y jurídica, seguimos experimentando un crecimiento enormemente desigual cuando hablamos de oportunidades; aún no hemos podido solucionar algo que ya debería estar superado: que nadie se quede atrás. Y si hablamos en términos de discapacidad, la incógnita a despejar se vuelve aún más complicada.

A todos nos queda claro que la igualdad ya no es una opción pero, ¿qué hacemos ahora?

Se empezó escondiendo “el problema” en casa, para que nadie lo viera. Al avanzar socialmente pudimos empezar a aparecer en las esferas públicas poco a poco, hasta que hemos sido plenamente visibles. Sin embargo, el problema no ha desaparecido. Y no ha desaparecido porque, por muchos avances que se produzcan, en cualquier ámbito, el enfoque social de la discapacidad no lo ha acompañado.

Cuando una persona ve por la calle a otra en silla de ruedas, sigue pensando “pobrecit@, ¿cómo la dejan salir sol@?”; cuando alguien te pregunta “y tú ¿qué haces?”, y le dices “estudio Derecho (bueno, o vendo figuritas hechas con palillos, ahí ya cada uno)”, va a seguir poniendo cara de haber visto el milagro de Lourdes. Porque, desgraciadamente, aún está en el ADN humano proteger y minusvalorar al “desvalido”, aunque lo único que te defina como tal sea la imagen que la sociedad tiene de ti como individuo inútil e improductivo por ti mismo. Porque siglos y siglos de Historia, nos siguen definiendo como sociedad. Porque nadie se ha parado a pensar dónde estamos y la cantidad de herramientas a nuestro alcance.

Y por eso, aún a día de hoy, siguen siendo necesarias esas políticas de “igualdad”, de discriminación “positiva”, que le llaman. Porque no se ha sabido mirar más allá; salir de esa dinámica de “proteger al débil” o, al menos, de redefinir qué significa ser débil.

No sólo las Instituciones son incapaces de ofrecer una protección real dotando al sistema de medidas efectivas y de rápida acción, sino que, los usuarios perceptores de ese tipo de ayudas (las más de las veces en forma de renta-limosna), terminan con una diana en la espalda que les distingue por “chupar del bote” y gastar recursos públicos, convirtiéndose así en el chivo expiatorio perfecto. Sin cuestionamientos previos, sin entrevistas para determinar las necesidades…

Entonces, ¿qué hacemos? Si me preguntan a mí, entender que estamos en el siglo XXI y que no todo se soluciona con una mensualidad. Entender que, aunque nos pese, el mundo se dirige a una sociedad mercantil y mercantilizada. Y tenemos que cambiar ya el enfoque. Es hora de poner a trabajar (pero de verdad) al artículo 14 de la Constitución Española. Es hora de empezar a utilizar las herramientas de las que un día nos dotamos, y que están cogiendo polvo. De entender que aquello que nos dijeron, no era igualdad, y que la igualdad es algo complicado.

De esto puede hablar perfectamente el Tribunal Constitucional, porque si de algo se puede jactar el Alto Tribunal, máximo intérprete de la Norma, es de haber realizar una de las definiciones más acertadas del principio de igualdad: “… prohibición de toda diferencia de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable”. Es decir, que realiza un magnífico trabajo, en mi humilde opinión, al establecer, por un lado, la prohibición de comportamientos divergentes ante circunstancias similares (cuando lo único que cambia es el factor discapacidad de uno de los individuos), y por el otro dejar suficiente espacio para que así sea. Porque la igualdad no significa que todos debamos ser tratados de la misma forma, sino que todos debemos ser tratados de forma que podamos jugar en igualdad de condiciones. Algo que nuestros Jueces saben ver; que aunque la discriminación no es algo bonito o agradable, muchas veces es necesario.

Sin embargo, esto no es algo que se solucione sólo con dinero (que también,  para qué voy a mentir), sino que hablo de un nuevo estilo de vida, más inclusivo, más reflexionado y reflexivo. Hablo de crear desde 0 edificios teniendo en cuenta la accesibilidad, poner en funcionamiento transportes que de verdad sean abordables por todo tipo de personas, campañas de información y normalización de la discapacidad… En fin, la creación de un ecosistema amigable con la diversidad y que promueva el ejercicio de la igualdad efectiva, a la vez que crea puestos de trabajo relacionados con las capacidades distintas.

En definitiva, todas aquellas pequeñas acciones que, poco a poco, creen el efecto de hacernos salir del ambiente doméstico, profesionalizarnos y, a la vez que no somos un lastre para la economía común, generar riqueza que haga del sistema algo más sustentable y eficaz.

Porque para ser iguales ante la Ley, no sólo nos hace falta que la Constitución nos lo diga, sino mecanismos a nuestro alcance para poder, no sólo fijar el rumbo, sino volver a él cuando nos desorientemos.

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SOBRE LA AUTORA

Marta Mezquita Lucas es estudiante de 4º de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos y Voluntaria en la Cruz Roja (Fuenlabrada).

Sus principales intereses se centran en el Derecho Penal, el Derecho Administrativo, el Derecho de Familia, los Derechos Humanos y todo lo referente a la discapacidad.

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