En el siguiente artículo hablaremos de un tema que reviste de especial importancia ya que en el no simplemente se ven afectados asuntos estrictamente jurídicos, también entran en juego cuestiones éticas, morales y lo más importante, de salud. Antes de empezar a desarrollar las cuestiones que vengo a exponeros quiero dejar clara la siguiente premisa: el derecho penal no tiene límites.

         Como sociedad, tendemos a separar de manera globalizada la medicina del derecho material, cuando la realidad es absolutamente otra. La medicina es un sector muy amplio, con múltiples disciplinas, especialidades y finalidades, pero su objetivo primordial es la protección de la salud, tanto en el ámbito publico como en el privado, y esta “salud” a la que hacemos referencia se protege en la Constitución Española en su artículo 43, cito literalmente: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud.” La razón por la que realizo estas matizaciones reside en que nos encontramos ante un derecho fundamental que esta protegido y amparado por la norma jurídica suprema que rige el ordenamiento jurídico de nuestro país.

         La cuestión litigiosa que voy a exponer se va enmarcar en delitos regulados en la jurisdicción penal, donde el sujeto activo del delito se encuentra en un sector de la medicina dedicada a la salud mental donde las principales competencias las ejercen los médicos psiquiátricos, por un lado, y psicólogos por otro.

         Determinado el ámbito médico en el que gira el conflicto y sin querer entrar en más detalles al respecto, planteo las siguientes cuestiones: ¿Están dotados por su condición profesional de una especial protección?, ¿Pueden realizar ciertas conductas amparándose en un “velo profesional”?, ¿La ética-moral que deben respetar estos profesionales si se ve vulnerada tiene consecuencias jurídicas? 

         El derecho penal no entiende de profesiones, ni de clases sociales, se aplica cuando se producen hechos que están recogidos y regulados en el Código Penal para castigar a aquel que los comete.

         Como bien sabemos, la profesión de estos especialistas se desempeña de una manera privada y personalizada con individuos que presentan algún tipo de problema, denominada en la jerga médica como “pacientes”, y siendo este para el caso que nos concierne el sujeto pasivo del delito (persona afectada por los hechos cometidos).

         El sujeto activo (persona que comete los hechos delictivos) conoce todo tipo de cuestiones sobre el paciente, desde lo más popular y cotidiano, hasta sus mayores inseguridades, secretos y problemas que este pueda tener; la información que obtienen es sumamente detallada, y esto se debe a que es necesario para que puedan desempeñar sus funciones de la mejor forma posible obtener toda esta información.

         Aprovechándose de esta situación de dominio informacional, el sujeto activo se prevalece de sus conocimientos para con el paciente para satisfacer sus propios intereses, como pueden ser intereses de índole sexual (mantener relaciones sexuales, intimar, etc…), o para realizar conductas que al amparo del código penal son calificadas como delictivas, todo ello dentro de su ejercicio profesional y calificándose la mayoría de estas como delitos de abuso y acoso sexual regulados en los artículo 181 y siguientes del CP. Es de especial interés dadas las circunstancias hacer expresa mención al art. 184.2 y 3 del CP (tipo agravado):

2.“Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación,(…).”

3. “Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, (…)”.

         Se plantean aquí múltiples cuestiones en relación con los posibles delitos contra la libertad y la indemnidad sexual de la paciente (art.178 y ss. Código Penal): ¿Hasta que punto es relevante si es mayor de edad o menor para entender que existe delito? ¿El consentimiento del sujeto pasivo es determinante para eximir de responsabilidad penal al profesional? ¿Las conductas “terapéuticas” que transgredan líneas ético-morales pueden considerarse válidas para el tratamiento o plan de recuperación?

       Partimos de la base de que se trata de personas vulnerables, con problemas de salud y que necesitan para su curación servicios médicos; a esta vulnerabilidad, dada su condición de pacientes, debemos añadir que están bajo un plan médico (recetado por el propio profesional) para su optima recuperación y dicho plan cuyo elemento principal es la utilización de fármacos producen una alteración psíquica y cognitiva en el sujeto.

      Esta especial vulnerabilidad es muy importante, ya que la edad deja de ser un elemento determinante para determinar el tipo punitivo, el consentimiento no tiene eficacia alguna al tratarse de sujetos vulnerables. Por lo tanto, independientemente de la edad se estaría produciendo un delito tipificado contra la integridad sexual (sea del tipo que sea) al no existir un consentimiento válido por estar este viciado (paciente vulnerable no apto para tomar decisiones o con facultades alteradas por la medicación).

         La ética profesional juega un papel de vital importancia en toda profesión, el deber moral de actuar de forma diligente para con el bienestar de la salud de la ciudadanía, estos principios éticos y morales se regulan el Código Deontológico profesional de cada oficio y su transgresión no solo demuestra negligencia y mala fe, también es un indicio sancionador. Por ejemplo, sucede cuando el psiquiatra pide a su paciente que se vista con determinados atuendos para su próxima sesión, convenciendo a la misma de que le va servir para quitarse sus inseguridades y miedos (conociéndolos el profesional previamente), siendo la realidad otra totalmente distinta, la de satisfacer los gustos sexuales y perversos del profesional en cuestión.

         Este es solo un ejemplo de conducta “terapéutica” que supera y transgrede las barreras no solo éticas y morales, sino propias de la dignidad, el honor de la persona afectada, y el respeto a la profesión que se ejerce. Este tipo de acciones, que evidentemente habría que analizar caso por caso, transgreden la barrera médico-paciente que todo profesional (sea de la especialidad que sea) debe respetar según su código deontológico, al igual que otro tipo de conductas como pueden ser la intimación sexual y coercitiva vía chat con la paciente, o incluso en la propia consulta donde estas actuaciones revisten una mayor gravedad por la posible afectación física y accesibilidad que pueda existir.

      Por último, se ha interpretado en algunas ocasiones, que junto a los delitos anteriormente expuestos, se suma el del artículo 361 del Código Penal, que establece las penas para ciertos delitos contra la salud pública relacionados con los medicamentos que carezcan de la autorización exigida por la ley, de esta forma, en ocasiones se suministran medicamentos que no deberían recetarse, con la finalidad única y exclusiva de alterar las capacidades volitivas y cognitivas de la paciente obteniendo así el sujeto activo una mayor facilidad para cumplir con sus propósitos delictivos, lo que convierte las conductas delictivas expuestas a lo largo de este articulo en algo todavía mas deleznable y que ataca directamente a la libertad sexual así como a la capacidad de decisión de la víctima.

         Muchos podréis pensar inequívocamente que se trata de un supuesto más de delito contra la integridad y libertad sexual, pero siendo esto cierto y sin quitarle gravedad a cualquier delito de esta índole, debemos tener en cuenta que estamos en un marco de protección a la salud, un ámbito donde lo que se pretende garantizar es un derecho recogido constitucionalmente, sea de manera publica o privada, y donde las instituciones luchan para conseguir dicho fin garante y proteccionista para con la ciudadanía. En este sentido, encontramos también el problema en la falta de conocimiento de la comisión de estos hechos delictivos porque la víctima por la situación de víctima anteriormente expuesta, no es capaz en la mayor parte de las ocasiones de denunciar o poner en conocimiento de sus representantes y de las instituciones los hechos que recaen sobre su persona.

         Es, por lo tanto, extremadamente grave este tipo de delitos dentro de un sector como es el médico, y mas teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad que presenta la víctima no solo por la enfermedad o problemas que esta pueda presentar sino porque dicha vulnerabilidad se ve incrementada por las conductas y conocimientos del profesional en cuestión que las utiliza de manera malévola y mediando siempre mala fe en el ejercicio de sus funciones para satisfacer sus intereses propios única y exclusivamente, viéndose afectado totalmente el objetivo principal:  la protección y mejora de la salud del individuo.

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SOBRE EL AUTOR

Parsa Fathi Mollamirzaei es graduado en Derecho. Actualmente está cursando el Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad de Alicante. 

Tiene experiencia práctica en Despacho de Abogados Internacional sito en Madrid Capital. 

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