⠀⠀⠀⠀Transcurrido ya casi un año desde que se implantó en España el Ingreso Mínimo Vital, medida incluida en el programa de Podemos, pero cuya puesta en marcha se aceleró indudablemente por la situación generada por la Covid-19, procede un análisis de la misma. Para abordarla con mayor perspectiva y objetividad es importante evaluar no sólo sus características, funcionamiento y resultados en España, sino también en los sistemas similares existentes en sus homólogos europeos, y las opiniones y resoluciones de entidades como la Unión Europea acerca de la conveniencia o no de este tipo de ayudas estatales. Solo de esta manera es posible ser conscientes de sus ventajas y limitaciones, y así reforzar los efectos de las primeras solventar o paliar el de estas últimas. 

⠀⠀⠀⠀En el caso concreto de nuestro país, los requisitos para optar al mismo se encuentran en la web oficial del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Entre ellos, destacan el mínimo de 23 años de edad para solicitarlo, excepto si se tienen menores a cargo, en cuyo caso se podría desde los 18; ser nacional español o llevar 1 año de residencia legal; llevar 3 años residiendo sólo, o 1 año si es una unidad familiar; la previa solicitud de otro tipo de prestaciones a las que se tenga derecho, y la búsqueda activa de empleo. 

⠀⠀⠀⠀Si bien algunas de estas medidas son controvertidas, lo cierto es que, analizados los fines que persiguen, no parecen estar mal planteadas, tal y como se constata si las comparamos con otras aplicadas en países del Viejo Continente. No obstante, también existen una serie de carencias estructurales que conviene exponer. 

⠀⠀⠀⠀Respecto al tema de la edad, tenemos casos como Alemania o Italia donde no hace falta ni siquiera ser mayor de edad para solicitar el Hilfe zum Lebensunterhalt y el Reddito di Cittadinanza respectivamente, que serían los sistemas de prestaciones más similares al Ingreso Mínimo Vital español. En otros países, como Suiza, se exige tener al menos 18 años para aspirar al Ergänzungsleistungen, mientras que en Francia es necesario tener la edad legal de trabajar para optar a la Revenu de Solidarité Active

⠀⠀⠀⠀Con esta comparativa se puede observar que España es uno de los pocos países donde no se puede solicitar desde el mismo momento en que se alcanza la mayoría de edad, lo cual ha sido foco de numerosas críticas: siendo el país con más paro juvenil de toda Europa (40,7%), se está dejando fuera de esta red de protección a una gran cantidad de jóvenes que o bien van acumulando trabajos precarios o bien siguen esperando su primera oportunidad laboral. Por ello, queda patente que el IMV deja fuera a un colectivo que debería ser uno de los principales receptores de la ayuda.

⠀⠀⠀⠀En lo concerniente al requisito de residencia, se puede afirmar que España está en un término medio al compararlo con otros países: en Suiza se exigen 10 años de residencia fija previa a la petición, reduciéndose a 5 para los refugiados y apátridas, y en Italia se exigen 10 años de residencia. Sin embargo, en países como Alemania, Estonia o Rumanía el único requisito en este aspecto es no residir de forma únicamente temporal. Siendo conocedores de estos datos, España se ubica en un punto entre quienes son muy restrictivos a la hora de ofrecer la prestación a los no nacionales y quienes no hacen distinción entre compatriotas y extranjeros. 

⠀⠀⠀⠀También cabe destacar el requisito de la búsqueda activa de empleo, que es de facto el único común a todos los países que ofrecen estas prestaciones. Además de retirar este beneficio a todo aquel que rechace una oferta de trabajo, en países como Estonia se priva de la ayuda también a aquellos que no se incorporen a actividades y cursos ofrecidos desde las entidades locales para formar a la gente en paro, con el objetivo de proporcionarles unas aptitudes que les consigan un puesto de trabajo. 

⠀⠀⠀⠀Una vez vistas las características esenciales de este tipo de prestaciones, procede exponer las principales carencias y errores que se les achacan, en España y en el resto de estados, para saber si son defectos estructurales e irreparables o, por el contrario, podemos rectificarlos de ahora en adelante. Las críticas a este tipo de medidas se pueden clasificar, grosso modo, en 4 bloques fundamentales: la excesiva carga burocrática que suponen, el estigma social que pueden llegar a sufrir los beneficiarios, la falta de cobertura a las personas más vulnerables, y el riesgo de incrementar aún más la economía sumergida. 

⠀⠀⠀⠀Respecto a la primera cuestión, tal vez sería deseable imitar el modelo alemán, que si ha llegado a ser exitoso en esta materia es por saber combinar la provisión de unos mínimos para vivir con dignidad con una burocracia moderada, que no genere ni demasiados costes ni demasiadas externalidades negativas. Para ello, se divide la gestión de las ayudas entre el gobierno central y los Länder: mientras el primero se encarga de proveer de los ingresos mínimos que permitan adquirir los productos de una cesta básica de subsistencia (en concreto, el mínimo son 432 euros mensuales para quienes viven solos, incrementándose el pago en función de los miembros de la unidad familiar), los segundos son los encargados de suministrar lo necesario para sufragar los gastos de vivienda y calefacción. 

⠀⠀⠀⠀De esta forma, se consiguen reducir las enormes diferencias que hay entre el coste de vida de una región y otra. 

⠀⠀⠀⠀La cuestión del estigma, por otra parte, se puede solucionar estableciendo un portal online a través del cual puedan pedirlo todas aquellas personas con acceso a internet. Para quienes no tienen acceso a éste, encargar la administración del IMV a instituciones distintas de la Seguridad Social podría reducir esta estigmatización de los solicitantes, lo cual impulsaría a más personas en una situación apurada a pedirlo. 

⠀⠀⠀⠀De esta misma forma podría solucionarse el problema de la falta de cobertura a las personas en una situación más precaria, ya que suelen carecer de acceso a internet, debiendo solicitarlo desde oficinas físicas. Además, para personas en esta situación se podría difundir información acerca de esta clase de subvenciones en los medios de comunicación y en puntos informativos de las distintas localidades. Estas medidas, junto con el efecto difusor del “boca a boca” pueden conseguir que llegue a aquellas personas a las que va especialmente destinado. 

⠀⠀⠀⠀El cuarto y último de los problemas a abordar es el de la economía sumergida, puesto que, por la propia mecanización de los sistemas de ingresos mínimos se puede crear un gran incentivo a trabajar en “B”. Esto sucede porque, siempre que la persona beneficiaria de un ingreso encuentra un trabajo parcial con un salario inferior a lo que percibe por el IMV, éste se descuenta proporcionalmente; esta es una regla general en todos los paises que ofrecen este tipo de medidas. Por ejemplo, si un receptor de 462 euros de IMV mensuales encuentra un trabajo parcial en el que cobra 250 euros, el estado sólo le va a ingresar los 212 euros restantes. Con lo cual, es evidente la predisposición de muchos beneficiarios de trabajar sin contrato, para cobrar la prestación por completo, además de los ingresos del trabajo. 

⠀⠀⠀⠀Respecto de esta cuestión de difícil solución, la conclusión más favorecedora que cabe extraer es que la economía sumergida es ya un problema enorme en muchos paises occidentales, incluido España, y que lo han padecido antes de la llegada de este tipo de ingresos. Por tanto, cabe pensar que el IMV, si bien no va a reducir esta tendencia, tampoco va a aumentarla exponencialmente respecto de etapas anteriores. Además, para evitar este riesgo, países como Italia “protegen” una parte del salario que gana un solicitante del IMV que tiene un trabajo a media jornada; en concreto, los ciudadanos italianos receptores del Reddito di Cittadinanza no van a ver disminuido su importe si ganan 780 euros o menos al mes. De esta manera, se reducen los motivos para trabajar sin contrato, sin desincentivar la búsqueda activa de empleo. 

⠀⠀⠀⠀Huelga aclarar que el temor a la “trampa de la pobreza”, según la cual es plausible que mucha gente decida no trabajar y vivir de estos ingresos también queda desmontado: el dinero al que se puede optar con estas medidas no parece en ningún caso suficiente para llevar una vida holgada, y además existe el riesgo de perder la prestación si se declina oferta de trabajo, como ya ha sucedido en Estonia o Italia. 

⠀⠀⠀⠀Además de poner de relieve la aplicación de estas medidas en diferentes estados, ayuda a forjarse una opinión sobre la conveniencia de estas medidas el pronunciamiento de instancias supranacionales como la Unión Europea, ya que en temas sociales y económicos, el todo va muchas veces más allá de la mera suma de las partes. En plataformas como el Foro Anual Europeo contra la Pobreza se ha analizado la situación social actual en el continente, y organismos europeos como el Parlamento de la UE han elaborado dictámenes sobre la conveniencia, e incluso la posible obligatoriedad, de otorgar un ingreso mínimo a aquellas personas que se encuentran en situaciones de pobreza o de riesgo de pobreza. 

⠀⠀⠀⠀Las conclusiones han sido bastante claras: aunque se propugna la conveniencia de esta clase de medidas, y se insta a los estados a aplicarlas en la medida de lo posible, no existe un acuerdo generalizado sobre la estricta obligatoriedad de implantar sistemas de Ingreso Mínimo Vital. En el año 2018 se sometió a votación esta cuestión en el Comité Económico Social y Europeo, con un dictamen sobre la creación de un marco europeo para la renta mínima que recibió 92 votos a favor y 142 en contra. 

⠀⠀⠀⠀Es por ello que, por el momento, la implantación de este tipo de mecanismos de lucha contra la pobreza no pasa de ser una recomendación hecha desde la UE, dejando a los estados la libertad de decidir si esto es conveniente o no. la Unión Europea, a través de instrumentos como la Carta Social Europea, obliga a los estados que ratifican dicha carta a tratar de erradicar la pobreza en sus respectivos territorios, y a adoptar las medidas necesarias para ello. En otras palabras, se exige llegar al fin de la erradicación de la pobreza, para el cual el IMV es uno de los posibles medios, pero no el único. 

⠀⠀⠀⠀En definitiva, después de conocer las ventajas y desventajas del Ingreso Mínimo Vital, escapando así de prejuicios alimentados por el desconocimiento sobre la forma de ejecutar estas medidas, alimentado desde las distintas facciones políticas en función de sus intereses, se puede extraer una conclusión general clara. Ni es la salvación que parecen prometer desde Podemos, ni es la “paguita” que aseguran desde Vox. Es cierto que, hasta el momento, no ha tenido el éxito deseado, adoleciendo de alguno de los vicios anteriormente explicados, como la lentitud en los trámites burocráticos y el alcance fallido a los colectivos más vulnerables.

⠀⠀⠀⠀Pese a todo es una medida que, si se consigue abordar de la forma correcta y tomando ejemplo de otros países donde se ha realizado, puede servir para asistir a la población carente de recursos, al menos de forma coyuntural mientras permanezca la situación del Covid-19. El éxito de su implantación en España no va a depender tanto de su estructura vertebral, que como ya se ha demostrado en otros estados, es viable, si no de la forma en que se articule desde las administraciones españolas, y de la coordinación y consenso en su aplicación, huyendo de dogmatismos varios y tratando de favorecer a la población más vulnerable de la sociedad. ¿Serán capaces los representantes del pueblo español de llevar a cabo esta complicada empresa con éxito? Sólo el futuro nos lo dirá, de momento, es pronto para juzgarlo. 

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SOBRE EL AUTOR

Manrique Barbero Salces es estudiante de Derecho en la Universidad de Salamanca y miembro de la Asociación de Debate de la misma, con la que ha participado en numerosos torneos de debate académicos y BP. 

Sus principales áreas de interés y dominio son el Derecho Penal Económico y el Derecho Mercantil. 

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