Siempre he experimentado gusto por la reflexión, y, en tiempos de pandemia, esta querencia mía se ha visto disparada hacia límites que rozan lo preocupante hasta extraer varias conclusiones sobre la sociedad que hemos construido, en concreto, sobre nuestra forma de relacionarnos y de la manera en que desempeñamos tareas cotidianas como hacer la compra o trabajar: aunque a muchos sorprenda o indigne, necesitamos la tecnología.
Según datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la COVID-19 aumentó el uso de Internet y de las nuevas tecnologías en un 60% en los Estados que forman parte de ella. Este apunte no resulta sorprendente, ya que hemos permanecido casi tres meses confinados en nuestros hogares a resguardo del virus, lo que nos ha obligado a desempolvar nuestros gadgets forzosamente -si alguien los tenía guardados en un cajón- para relacionarnos con nuestros semejantes, acudir a clase o practicar lo que ha venido a denominarse “teletrabajo”, que parece haber llegado para quedarse.
El impacto no ha sido menor en el sector legal. A pesar de que hace ya algunos años vieron la luz el software de gestión de despachos o las videoconferencias, son muchas firmas de servicios legales las que aún no han implementado sus métodos para adaptarlos a la nueva realidad digital, distanciándose, de este modo, de su clientela.
Como varios medios de comunicación especializados en el sector legal han apuntado a lo largo de estos meses, muchos de los damnificados han sido, sobre todo, pequeños despachos que han venido centrando su funcionamiento en la presencialidad y que no han realizado la correspondiente inversión en tecnología. La consecuencia principal de esta falta de transición a la era digital ha supuesto para este colectivo la petición, por parte de muchos de sus clientes, del stand-by de sus correspondientes asuntos, con el perjuicio económico que ello conlleva para el bolsillo del letrado.
Frente a ellos, hemos podido apreciar cómo la mayor parte de las grandes firmas, dotadas de mayor presupuesto y medios, han conseguido adaptar sus procesos de organización con más celeridad, hecho uso del teletrabajo desde el inicio del azote de la pandemia, y, lo más importante, todo ello de forma exitosa.
Una situación similar ha aquejado a la Justicia, que se ha encontrado sin medios suficientes -situación que se viene prolongando en el tiempo de modo indefinido- para afrontar esta nueva realidad: la falta de personal, unido a las manifiestas deficiencias en la res tecnológica -mención aparte merecen las medidas de seguridad de las que se ha dotado al personal de las oficinas judiciales- han originado la paralización del Tercer Poder del Estado en pleno siglo XXI, obstaculizando el acceso a los tribunales al justiciable.
Resulta patente que, para muchas empresas, la crisis desencadenada por la COVID-19 ha supuesto la aceleración del proceso de digitalización que puede que ya hubiesen puesto en marcha anteriormente -o no- ante la necesidad de concurrir en el mercado junto a sus competidores en igualdad de condiciones.
La pregunta que cabe formular, entonces, es ¿por qué en plena era digital buena parte del sector legal no estaba preparado para depender de la tecnología? La respuesta, como he referido con anterioridad, es la inversión en los medios tecnológicos necesarios. Permítaseme utilizar un extracto del maravilloso refranero español, y es que es un hecho que hasta que no le vemos las orejas al lobo, no actuamos.
Resulta imprescindible aplicar a este problema el bálsamo universal que cura cualquier tipo de contingencia: debemos aprender de los errores cometidos durante este tiempo para así alcanzar la meta, que no es otra que evitar la paralización del sector -y de la sociedad al completo- por cualquier crisis, sanitaria o no, que nos sobrevenga. De este modo, si pensamos en él como si de un experimento o simulación se tratase, podremos dar soluciones eficientes e invertir lo necesario para sumergirnos, esta vez sí, en una era que clama la digitalización para avanzar.
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sobre la autora
Lucía Do Nascimento Fernández es estudiante de último año del Grado en Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos, y Directora General de Marketing de IURIS URJC.
Es autora de varios artículos de temática jurídica publicados en diferentes medios.
En la actualidad, compatibiliza el trabajo al frente del área de Marketing con la búsqueda activa de prácticas con las que ampliar su formación.
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