Si eres capaz, dime a qué abogado o futuro abogado no le han preguntado alguna vez: Y tú, ¿¡defenderías a un culpable!?.

Somos muchos los que nos hemos encontrado en la tesitura de tener que hacer esta reflexión.

Ciertamente, es una cuestión que la primera vez que se plantea genera una especie de “debate interno” por el cual el abogado debe plantearse cómo actuar cuando la ética profesional se enfrenta a lo que se considera moralmente correcto.

En la práctica, no cabe ningún género de duda en que la inmensa mayoría de abogados penalistas, por lo menos de forma incidental, habrán aceptado defender a un culpable, incluso a sabiendas de que lo es. Y, ¿por qué?

Pues bien, la respuesta puede resumirse en tres palabras: Derecho de defensa.

– EL DERECHO DE DEFENSA –

La regulación del famoso (e imprescindible) derecho de defensa queda recogida en multitud de textos legales, tanto a nivel global, como europeo y nacional.

Así, para empezar, se contempla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 (artículos 10 y 11), también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 (artículo 14.3), en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 en Niza (artículo 48) y, cómo no, en nuestra Constitución de 1978 (artículo 24.2).

“Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia” (artículo 24.2 de la Constitución Española).

El derecho de defensa implica que la persona detenida, investigada o acusada tenga las garantías de que la investigación y el proceso en los que se vea envuelta se lleven a cabo de forma justa, al margen de su posible culpabilidad. No olvidemos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario.

Pero, incluso, este derecho va más allá de la toma de la decisión entre la culpabilidad o la inocencia de cualquier persona (que, por otro lado, es una tarea que corresponde al juez, no al abogado). En ocasiones, la labor del letrado será conseguir la condena menos desfavorable para su defendido. Pero, de una manera u otra, el objetivo principal siempre será la celebración de un juicio con todas las garantías legales para el cliente.

Parece, pues, que el derecho de defensa es algo sagrado. Lo parece, y lo es.

Y es en este punto cuando debemos plantearnos por qué entonces existe, de forma generalizada, especialmente entre quienes no forman parte del gremio, una condena moral al abogado defensor cuando la culpabilidad de su representado parece evidente.

– “EL ABOGADO DEL DIABLO” –

En ocasiones parece complicado discernir que el abogado no es su cliente. El abogado defiende a su patrocinado sin que ello implique que empatice con el mismo ni que comparta sus ideas o su forma de actuar porque, ante todo, lo que defiende es su derecho a una defensa.

Sin embargo, no son pocos los casos en los que compañeros de profesión son atacados, casi criminalizados, y su moralidad es constantemente cuestionada por el mero hecho de hacer su trabajo. Por no eludir sus obligaciones.

Podríamos decir que es algo así como que el abogado impide “que se haga justicia” de acuerdo con lo que la sociedad considera que son valores universales. Ejerce como “el abogado del diablo”.

Se podría preguntar, sin ir más lejos, a cualquier letrado del Turno de Oficio, por no hablar de letrados intervinientes en casos tan mediáticos como el de O. J. Simpson o, más cerca nuestro, el de “La Manada” de Pamplona.

Y no podemos negar que esta condena social reviste un problema serio para el ejercicio de la abogacía.

– SÍ, DEFENDERÍA A UN CULPABLE –

Por ello, debemos plantearnos si realmente queremos que en pleno siglo XXI quepa una mínima posibilidad de que se vulnere el derecho de defensa, de que existan circunstancias en las que cualquier persona no pueda acceder a un abogado y tener un juicio justo, poder demostrar su grado de culpabilidad o su inocencia en un procedimiento judicial con plenas garantías.

¿Estamos dispuestos a asumir ese coste?

Seguro que no.

Y, en consecuencia, debemos aceptar la premisa de que cualquier abogado, a priori, “sí, defendería a un culpable”.

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sobre la autora

Kelly Leclercq Porras es abogada especializada en derecho de la circulación y daño corporal, y penalista por vocación.

Colegiada en el ICAB desde 2018, actualmente trabaja en Lacaba Abogados, despacho especializado en responsabilidad civil y sector asegurador.

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