RESUMEN:
El COVID-19 ha provocado que las obligaciones contractuales no puedan cumplirse por imposibilidad legal, física o pérdida de la cosa. Ante esta imposibilidad sobrevenida, se ha trazado la línea a seguir para dar la respuesta jurídica más adecuada para preservar principios jurídicos básicos como el pacta sunt servanda, la buena fe o la equivalencia entre las partes.
Por ello, teniendo en cuenta la muy variada casuística, se plantean posibles soluciones generalizadas ante las controversias que puedan surgir y mantener así la vida de los contratos y el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.
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El autor de este artículo, Iván Barahona García, es estudiante del Máster de Acceso a la Abogacía en el Campus de Manuel Becerra URJC, y Asociado miembro de IURIS URJC.
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